2019
Las empresas de más de 50 empleados deberán contar con un canal de denuncias
La próxima semana está previsto que el Consejo de la UE dé el visto bueno definitivo a una norma que pretende ser clave en la lucha contra la corrupción pública y privada: la directiva de protección al denunciante (o whistleblower). El texto, que deberá ser traspuesto antes dos años, introduce dos grandes novedades en el ordenamiento. En primer lugar, obliga a que las compañías y las Administraciones y entidades públicas implanten procedimientos internos para la recepción y el estudio de denuncias de irregularidades. En segundo término, establece una serie de medidas de salvaguarda y blindaje para quien comunique tales infracciones.
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El elemento de mayor trascendencia organizativa para las compañías es la obligación de implantar canales de denuncia en todas aquellas que tengan más de 50 trabajadores o cuenten con un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros. También deberán introducirlos las entidades de algunos sectores especialmente sensibles, como los servicios financieros o aquellos "vulnerables" al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
El diseño del canal de denuncias deberá garantizar la "confidencialidad" del informante e impedir que pueda acceder a él personal no autorizado. Además, deberá darse una "tramitación diligente" a la comunicación que permita dar una respuesta sobre el curso dado a la misma al denunciante antes de tres meses.
La directiva, asimismo, exige que no se limiten los cauces a través de los cuales cabe denunciar irregularidades. Deberá permitirse que la comunicación pueda ser en formato electrónico o papel, oral o escrito, y de forma presencial o a través de un servicio de recepción de mensajes. Asimismo, cabe que la gestión del canal sea asumida internamente o externalizada, siempre que el encargo no conlleve un perjuicio a las salvaguardas del procedimiento.
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