2022
El Supremo admite la validez de un ERE que se produjo en plena pandemia
En junio de 2020, en plena crisis del Covid-19 y tras el fin del primer estado de alarma, la empresa CPM, especializada en servicios de contact center, llevó a cabo el despido de casi 1.000 empleados. La causa alegada para justificar el expediente de regulación de empleo (ERE) fue la rescisión del contrato por parte de su principal cliente, Airbnb, que según la empresa implicaba la falta de ocupación para al menos 993 empleados.
Lo particular del caso es que cuando se produjo el ERE se aplicaban las medidas restrictivas sobre despidos basados en causas relacionadas con el Covid-19, el comúnmente llamado “prohibido despedir”. De hecho, éste fue el principal argumento de los sindicatos para impugnar el ERE.
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El alto tribunal ha decidido que la situación provocada por la pérdida del contrato con Airbnb, a pesar de poder estar relacionada con el Covid-19, era estructural y definitiva para la empresa. De tal manera que el ERTE, al ser una medida temporal y coyuntural, no resultaba idónea para superarla.
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