Cuando el Gobierno y Podemos consignaron la subida del Salario Mínimo Interprofesional en el acuerdo para formalizar los Presupuestos Generales del Estado, previeron un coste relativamente pequeño para las Administraciones Públicas (340 millones de euros al año). Sin embargo, la subida impactará con virulencia en las empresas, que alertan de que la medida no sólo reducirá la contratación, sino en muchos casos las sitúa directamente en pérdidas.
Además, el simple anuncio del alza del SMI está enturbiando las relaciones con los sindicatos, a los que ha envalentonado para realizar mayores reclamaciones salariales, al tiempo que los empresarios advierten de que pagar este incremento obligará a moderar las alzas en otros empleados, con un sueldo más alto. En otras palabras: que quizá no se pueda llegar a la subida del 3% pactada entre la patronal y los sindicatos en el Acuerdo sobre Empleo y Negociación Colectiva.
La subida del salario mínimo hasta los 900 euros al mes, en catorce pagas anuales, supone un fuerte incremento de los costes laborales. Si este año un puesto de trabajo de estas características supone un importe de 13.500 euros para la empresa, el año que viene esta cifra se elevará hasta los 16.510 euros al año.
Y esto supone un problema para muchas empresas, especialmente aquellas donde la mayoría de la plantilla está por debajo de la nueva cifra y, además, las compañías que no pueden repercutir estas subidas.
Con estos datos, sectores como la limpieza de edificios quedan en el ojo del huracán, ya que más del 90% de los costes son laborales y los márgenes de beneficios, muy limitados. Además, estas compañías se encuentran con una dura barrera: las leyes de Desindexación y la de Contratos del Sector Público.
La primera señala que la retribución por los costes de la mano de obra para las empresas que trabajan para la Administración "no podrá ser superior al incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público", 2,75% en este caso. La segunda, restringe la posibilidad de realizar cambios sobre los contratos ya firmados.
Sin embargo, las empresas que tratan de cara al público también se verán muy afectadas, especialmente en aquellos sectores con unos salarios medios más bajos, que son los que pueden sufrir un mayor impacto en las cuentas. Éste es el caso de los servicios a edificios, las actividades de jardinería, la peluquería y estética, la restauración, la veterinaria, el deporte, los servicios sociales o el comercio, entre otros, según el Instituto Nacional de Estadística.