Ya han pasado siete años desde que se aprobó la reforma laboral. Y su protagonismo no cede. Los sindicatos han convocado el viernes un acto para exigir al Gobierno que derogue varias partes. Enfrente, la CEOE rechaza esa demanda. El Ejecutivo coquetea una semana sí y otra no con cambiarla. Solo su debilidad parlamentaria lo evita: Podemos empuja y el PDeCAT rebaja la ambición de Pedro Sánchez. El PP y Ciudadanos rechazan tocarla.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias que sigue teniendo aquel decreto ley del 11 de febrero de 2012? ¿Fue el acelerador del desplome en plena recesión o el bálsamo laboral para cinco años de crecimiento del empleo? ¿Está detrás de la devaluación salarial y la pobreza laboral? ¿Ha agilizado la negociación de convenios o la ha destrozado? ¿Ha permitido el deterioro de condiciones laborales de colectivos como las kellys? ¿Ha resuelto la alta precariedad?
Hay pocos consensos, ni siquiera en la academia. EL PAÍS reunió el miércoles a cuatro estudiosos del mercado de trabajo español, dos economistas: la profesora de la Universidad de Alcalá de Henares Gloria Moreno y el investigador de Fedea Florentino Felgueroso; y dos juristas: el profesor de Derecho del Trabajo de la Complutense Jesús Lahera y el catedrático de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz. Coinciden en que la reforma laboral no ha acabado con la precariedad. Discrepan sobre si lo pretendía o no. Hay algún otro punto en común: “Fue desequilibrada”, señalan, aunque con matices. Lahera y Felgueroso la ven “necesaria”.
A la hora de evaluar lo sucedido, los dos economistas subrayan la dificultad por las coyunturas extremas en que se ha desarrollado: se aprobó en febrero de 2012, en plena segunda recesión, en un año en que se destruyeron casi 800.000 empleos. En 2013 comenzó una recuperación de empleo que ya dura cinco años. “Es difícil saber qué parte del proceso de destrucción y creación de empleo corresponde a la reforma [y cuál a la coyuntura económica]”, advierten Felgueroso y Moreno.
“Con bastantes reservas”, señala esta última, “sí que se puede decir que hay un deterioro. La precarización se extiende y aumenta las desigualdades”.
Desde el Derecho, Lahera defiende la reforma: “Había que reaccionar ante una crisis tremenda dando a las empresas instrumentos de adaptación y ahí creo que tuvo éxito”. Su colega Cruz Villalón es más crítico: “Conviene no olvidar cómo se efectuó: sin concertación ni con la parte sindical ni con la empresarial”.
En un tema sí coinciden: “Es el momento de dejar de hablar de 2012 y empezar a hablar del futuro, de cómo se regula el mercado laboral”.
Precariedad
Ni la creó ni la solucionó
La exposición de motivos dice con claridad que uno de los objetivos de la reforma era “reducir la dualidad laboral”. No lo ha conseguido. Al principio, la destrucción de empleo se cebó con los eventuales y la tasa de temporalidad cayó al 22% a comienzos de 2013. Ahí comenzó a remontar el mercado laboral y con él, este tipo de empleo inestable. 2018 acabó con un 27% de temporales, una de las tasas más altas de Europa.
Siete años de reforma laboral: más empleo pero más desigual
Más discrepancias hay sobre si realmente lo pretendía. “No lo pretendía”, asume el jurista Lahera. “Explícitamente, sí; pero en las medidas que se adoptaron, no”. “Eso es discutible”, responde el otro jurista, Cruz Villalón. Señala a la teoría que dice que al reducir los costes del despido de trabajadores fijos —algo que sí hizo la reforma— se desincentivan los contratos temporales. “Mi conclusión es que no ha incidido sobre la temporalidad”, concluye.
La profesora Moreno sí cree que terminar con la dualidad entre fijos y temporales era un objetivo. En cambio, apunta que “hay medidas que han potenciado algo el trabajo a tiempo parcial o que los contratos sean más cortos”. En 2018, casi seis millones de contratos, el 27% de los que se firmaron en España, duraban menos de una semana.
—¿Pero eso es nuevo?— pregunta Felgueroso, investigador de Fedea.
—Es estructural, pero entonces podemos decir que la reforma no ha conseguido modificarlo— responde Moreno.
Los cuatro participantes coinciden en que la precariedad laboral, especialmente por la temporalidad, llegó al mercado de trabajo español en los años ochenta y se quedó. Después ninguna reforma ha logrado resolver el problema.