Los jueces califican de 'indefinido a tiempo parcial' al becario que hace tareas de personal laboral

Los becarios que realizan actividades propias de los trabajadores de la empresa o de los funcionarios de la Administración Pública que los contrata para la realización de prácticas, son considerados trabajadores indefinidos a tiempo parcial por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social utilización irregular de dichas prácticas.

Las prácticas extracurriculares son actividades formativas que, sin formar parte de un Plan de Estudios, los estudiantes pueden realizar voluntariamente durante su periodo de formación en una empresa o en un servicio o unidad administrativa de la universidad, para completar sus estudios académicos y adquirir competencias que mejoren su empleabilidad y preparación para el ejercicio de actividades profesionales. Se desarrollan siguiendo un proyecto formativo y bajo la supervisión de un tutor de la práctica y cotizan a la Seguridad Social.

La normativa de aplicación, el Real Decreto 592/2014, establece que las prácticas académicas se deben regir por diversos principios, tales como la naturaleza formativa de la práctica; que no supongan el desarrollo de funciones propias del personal laboral o funcionarial.

Además, deben estar vinculadas directamente a los estudios cursados; la actividad formativa debe ser complementaria a los estudios académicos; su jornada y horario debe asegurar el correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas del estudiante; y deben estar tutorizadas.

Las llamadas prácticas de empresa, que funcionan tanto en la formación universitaria como en la formación profesional, en su condición de componentes del proceso formativo del alumno integrado en el sistema educativo de enseñanza reglada (sentencia del TSJ Canarias-Sta. Cruz de Tenerife de 16 de marzo de 2012), se excluyen del ámbito de la relación laboral.

Este tipo de relación ha de tener su origen en el convenio de colaboración suscrito entre la empresa y la entidad formativa correspondiente (sentencias del TSJ de Galicia, de 29 de enero de 2010, y del TSJ de Madrid, de 16 de marzo de 2012).