Bruselas defenderá a los trabajadores que denuncien delitos de sus empresas

Ofensiva de las autoridades comunitarias para luchar dentro de las empresas y de las administraciones contra la corrupción y el quebrantamiento de las reglas de la competencia y del mercado único.

El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea aprobará, previsiblemente hoy, una propuesta de directiva que puede tener una repercusión enorme en las empresas y las administraciones. La Unión Europea quiere garantizar la protección de los empleados que denuncien las actividades ilícitas "o abusos de Derecho" que pueden ver que se cometen en sus organizaciones. En principio, los Estados de la Unión tendrán hasta el 15 de mayo de 2021 para trasladar la norma a sus respectivas legislaciones. La directiva, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, es conocida en inglés como Whistleblowing. Confidente.

La protección se extenderá también a los trabajadores autónomos que tengan relación con la empresa o con la administración investigada; los accionistas y miembros de los Consejos de Administración. También "a los voluntarios y los trabajadores en prácticas no remunerados". Incluso, a las personas que, sin trabajar todavía en la empresa, "puedan tener conocimiento de una infracción en el proceso de selección o negociación precontractual". "Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores".

La norma comunitaria establece que los trabajadores podrán denunciar los hechos delictivos o contrarios al derecho comunitario en aspectos como los siguientes: la contratación pública; "las infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión [Europea]; la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; y "los actos que pretenden conseguir una ventaja fiscal que desvirtúe la legislación del Impuesto de Sociedades". Y, por lo tanto, que afectan a la competencia.

Además, otros ámbitos de aplicación de la directiva comunitaria son los siguientes: la seguridad nuclear, la protección de los consumidores y de los datos personales y de la intimidad. En relación con estos aspectos, la normativa comunitaria afecta también a la seguridad de las redes y los sistemas de información.En cambio, los Estados son los competentes para la regulación laboral en este terreno.

Uno de los aspectos de la propuesta de directiva que pueden resultar más polémicos es "la obligación" que tendrán las empresas y las administraciones de organizar de forma interna la recepción y tramitación de denuncias.