La privacidad del correo de empresa divide a los jueces del Supremo

El secreto de las comunicaciones y, en concreto, de la información contenida en ordenadores propiedad de la empresa a la hora de investigar posibles conductas reprochables por parte de sus usuarios, ha abierto una brecha entre las Salas de lo Social y de lo Penal del Tribunal Supremo.

Así se desprende de una sentencia dictada por esta última Sala, con fecha de 16 de junio de 2014, de la que es ponente el magistrado Maza Martín, en la que se fija que, a pesar de que los magistrados de lo Social y el propio Constitucional hayan avalado el registro de ordenadores sin orden judicial cuando se trate del chequeo de cuentas de correo corporativas, en el proceso penal tal posibilidad queda descartada.

En este caso, el recurrente -condenado por un delito continuado de falsedad documental y estafa- alegó ante el Supremo una vulneración del derecho a un proceso con garantías por haberse obtenido sin autorización judicial la información contenida en el equipo informático usado para desempeñar sus tareas contables, así como la ausencia de garantías en la custodia del disco duro, depositado durante meses en las dependencias de la empresa consultora contratada por la denunciante.

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