Entre la privacidad y la supervisión: ¿puede un detective privado vigilar a un trabajador?

El uso de detectives privados para controlar la actividad de los trabajadores y el examen de sus informes han estado sujetos, tradicionalmente, a una serie de límites que ha venido a matizar el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 12 de septiembre de 2023.

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En primera y segunda instancia se consideró que la prueba proporcionada por el detective era ilícita porque no se basaba en indicios relevantes de incumplimiento y concluyeron que el despido debía ser nulo debido a esta razón.

No obstante, la decisión del Tribunal Supremo revocó estas decisiones y, a nivel procesal, dejó fijadas varias cuestiones en la materia:

1. Licitud de la prueba: el juicio sobre la licitud de la prueba de detectives no se basa en la causa o motivo que la justifica. Es decir, no se trata de por qué se realizó la investigación, sino de cómo se llevó a cabo. Este juicio de licitud de la prueba no depende de la existencia previa de sospechas fundadas o de un número específico de indicios. En otras palabras, no es necesario tener pruebas concretas antes de llevar a cabo una investigación. Se rechaza, por tanto, la idea de que la prueba sea ilícita solo si se basa en indicios relevantes de incumplimiento.
2. Sospechas e indicios: la existencia de ligeras sospechas, meros indicios o indicios relevantes no determina la licitud o ilicitud de la prueba. En este caso, el seguimiento se limitó a verificar el desempeño del trabajador y no se llevó a cabo en su domicilio ni en lugares reservados.