La justicia obliga a una trabajadora a devolver 3.800 euros tras caer en una estafa telefónica

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la condena a una trabajadora de un salón recreativo que deberá devolver 3.800 euros tras extraerlos de la caja y transferirlos siguiendo las instrucciones de un supuesto repartidor. La empleada incumplió el protocolo interno de la empresa, que había advertido expresamente sobre este tipo de estafas telefónicas.

Así lo indica la reciente sentencia del tribunal aragonés, que confirma el fallo de una resolución anterior. El recurso interpuesto por la empleada, despedida por la dirección, carecía de los requisitos formales exigidos por la normativa laboral y no aportaba medios de prueba.

Según los hechos probados de la sentencia, la aludida prestaba servicios como auxiliar de sala, con contrato indefinido, en uno de los nueve locales de la empresa, cuya actividad profesional es la propia de “salones recreativos y de juegos”. La mercantil había advertido a su plantilla sobre la “proliferación de llamadas fraudulentas solicitando abono de dinero” y, además, impartió “formación sobre cómo actuar en estos casos”. Por tanto, la empleada tenía indicación expresa de “no atender ninguna orden de ingreso”; tampoco de “proceder al cierre del local” o dar “ningún dato de nombres ni teléfonos”. La condenada incumplió las tres prohibiciones.