Los jueces destapan los trucos de las empresas para falsear el registro horario

El registro de jornada, en vigor desde mayo, se implantó con la finalidad de controlar las horas extras no compensadas que se hacían en las empresas. La norma, no obstante, no especificó cómo debía hacerse dicho seguimiento, dando un amplio margen a las compañías a la hora de escoger el sistema de control más conveniente.

Ante esta circunstancia, muchos laboralistas mostraron su preocupación por el hecho de que esa libertad fuera empleada por quien pretendiera falsear el registro para ocultar los excesos de jornada. De hecho, el Ministerio de Trabajo reveló la semana pasada que, en los seis primeros meses, los inspectores de trabajo abrieron 2.010 expedientes relacionados con el control de jornada, de los que el 21% estaban relacionados con posibles fraudes.

Los inspectores no han sido los únicos en desenmascarar los engaños de las organizaciones. Los tribunales, por su parte, también han desempeñado una importante labor a la hora de identificar empresas infractoras, ampliando la protección al empleado en estos casos.

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La prueba de las horas extras suele ser uno de los grandes problemas que plantean estos procesos. Frente al rigor de hace unos años, lo cierto es que los tribunales han relajado las exigencias probatorias a los trabajadores si presentan indicios de fraude. Así, a día de hoy aceptan un amplio abanico de evidencias que sirvan para certificar los excesos en la jornada.

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Sobre quién debe recaer la obligación de acreditar si se han realizado horas extras es otro de las cuestiones controvertidas para los juzgados. No obstante, y aunque a priori se trata de una responsabilidad de la plantilla, cada vez más jueces invierten la carga de la prueba y ponen esta obligación sobre los hombros de la empresa.