Despedido por gitano: el camino judicial para probar el racismo en la empresa

Pedro H. R. era camarero en un restaurante de León, hasta que un día atendió a unos clientes gitanos y su jefa le preguntó si él también lo era, a lo que respondió que sí. A partir de ese momento la responsable cambió su actitud: “Tienes que leer más y aplicarte en los estudios, en vez de sentarte con primos a tomar litronas y tocar guitarras”, le dijo. En otra ocasión, cuando había otros hombres gitanos tomando algo en el local, la dueña le recriminó: “¿Ves por qué no quiero gitanos trabajando aquí? Antes venían de vez en cuando y ahora, a menudo. Eso no es bueno para el negocio”. Días más tarde, la empresa le comunicó que ya no precisaba de sus servicios.

El de Pedro fue un despido racista, según ha concluido recientemente un juez de León. En su sentencia, el juzgado declara nulo el cese por discriminatorio y condena a la dueña del local a pagar al empleado una indemnización de 7.501 euros, además de tener que readmitirlo en las mismas condiciones. El fallo, que llega cuando el caso ‘Vinícius’ y el debate sobre el racismo en España aún colea, abre un espinoso interrogante: ¿cómo se puede demostrar que un empleado ha sido víctima de discriminación racial en el trabajo una vez que es despedido? Para tomar partido en estos casos, los juzgados han marcado unas líneas de valoración.