El Constitucional obliga al Estado a pagar a una embarazada los salarios de tramitación que se le denegaron

El Estado tendrá que pagar los salarios de tramitación perdidos por una mujer que fue despedida estando embarazada por una empresa que luego cesó en su actividad. Es la principal consecuencia de una sentencia del Constitucional que estima discriminatorio el trato dado a la demandante, ya que después de que su despido fuera declarado nulo no pudo cobrar dichos salarios pendientes, a diferencia de otras compañeras suyas, que sí percibieron sus indemnizaciones porque su salida de la sociedad fue declarada improcedente.

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El Constitucional ha constatado que tanto la Administración como los órganos judiciales intervinientes en el procedimiento de pago de salarios de tramitación, al negar a la demandante su derecho a recibirlos por haber sido declarado nulo su despido y no improcedente, “la colocó en peor situación que al resto de trabajadoras, operando finalmente su situación de embarazo como un elemento pernicioso (…) en lugar de proporcionar a la trabajadora un ‘plus protector’ debido a su estado biológico”. Se produjo, en suma, una situación que dejó especialmente desprotegida a la mujer, que el tribunal califica como “un evidente e injustificado trato peyorativo con relación al resto de las compañeras despedidas”, que sí pudieron cobrar sus respectivos salarios de tramitación.