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Marco laboral

Los trabajadores desplazados de la UE tendrán el mismo convenio que los empleados nacionales

La libre circulación entre países es uno de los principios sagrados de la Unión Europea, pero los desequilibrios en su aplicación ha actuado en los últimos tiempos como gasolina para la incendiaria dialéctica populista. "¿En torno a qué giraba el Brexit? En torno a los trabajadores de Europa del Este que venían a ocupar los puestos de trabajo británicos. ¡Los defensores de Europa perdieron porque las clases medias británicas dijeron basta!", clamaba a las claras Emmanuel Macron en una entrevista con este diario el pasado junio. Los ministros de Trabajo de la UE llegaron ayer a un acuerdo para corregir el tiro tras una maratoniana negociación en Luxemburgo que se extendió durante 12 horas. El respaldo a la reforma de la directiva de trabajadores desplazados fue mayoritario: 21 de los 28 socios europeos aprobaron el acuerdo. Solo cuatro Estados del Este: Polonia, Hungría, Letonia y Lituania, votaron en contra, mientras que Reino Unido, Irlanda y Croacia se abstuvieron.

El pacto recoge que los empleados enviados por su empresa a otro Estado miembro durante un período de tiempo limitado, los denominados trabajadores desplazados, —no confundir con aquellos que se establecen en otro país de la UE de forma duradera para buscar empleo— deberán beneficiarse de los mismos convenios laborales que sus colegas del país de acogida siempre que sean más favorables. Una nueva realidad que Bruselas, firme partidaria del cambio, ha resumido en una frase: "Misma remuneración por un mismo trabajo en un mismo lugar".

El acuerdo deberá superar todavía una negociación con el Parlamento Europeo antes de que se le dé la luz verde definitiva, y los ministros han consensuado dar cuatro años de transición antes de la aplicación obligatoria de la nueva norma, por la que los desplazados también tendrán derecho a recibir pagas extra o aumentos por antigüedad. El tiempo a partir del cual un trabajador dejará de ser considerado como desplazado y tendrá que acatar todas las normas laborales del país de destino se quedará en un máximo de 12 meses prorrogables en otros seis más, una opción a medio camino entre los 12 meses que reclamaba Francia y los 24 del Gobierno español.

Con la modificación se evitará que un obrero de la construcción enviado, por ejemplo, desde Cracovia, pueda llegar a costarle al empresario la mitad que un autóctono francés o alemán, una diferencia que Macron llegó a tildar de traición al espíritu europeo. Esa evidente desventaja competitiva para los trabajadores locales, de la que las empresas son las grandes beneficiadas, ha sido también recurrentemente recordada por una parte de la extrema derecha europea —con mención destacada a Marine Le Pen— para azuzar la xenofobia y el euroescepticismo aprovechando el imparable crecimiento de los trabajadores desplazados en los últimos años.

Lea la noticia completa en El País, 24-10-2017

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