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2022

Rafael Doménech: La guerra en Ucrania y los riesgos de estanflación

Como escribía hace medio año, tanto en el terreno de la inflación como en el del crecimiento, las autoridades económicas en los países avanzados disponían de un amplio margen de maniobra en términos de políticas y de tiempo, para evitar errores y una estanflación en el futuro. 

Lamentablemente, este margen se ha estrechado considerablemente como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Las disrupciones causadas por la guerra, las sanciones y el objetivo de reducir la dependencia a muchas exportaciones rusas (bien por seguridad en suministros o por boicots) han dado lugar a uno de los aumentos del precio de petróleo, del gas natural y de las materias primas, en general, más intenso de las últimas décadas. Se trata de una situación que guarda paralelismos con las crisis energéticas de los años setenta y la consiguiente estanflación, caracterizada por una inflación elevada y un bajo crecimiento de la actividad económica o, incluso, recesión.

(...)

En principio, un equilibrio posible podría ser que la guerra en Ucrania generase únicamente un cambio de precios relativos, tal que los del petróleo, gas y otras materias primas respecto a otros bienes y servicios quedaran de manera duradera por encima de los niveles de hace un año, sin que ello generase inflación más allá del ajuste inicial. En esta situación, alcanzado ese nuevo equilibrio, al cabo de un año la contribución de esos aumentos de precios a la inflación sería nula, de modo que el crecimiento de los precios sería transitorio y volvería a estabilizarse sobre su nivel de inflación subyacente.

Sin embargo, para que esto ocurra, la sociedad debe aceptar esos nuevos precios relativos y la pérdida de poder adquisitivo de los países importadores de esas materias primas respecto a los exportadores de estas. El problema es que este equilibrio es difícil de alcanzar en economías descentralizadas, en las que las cadenas de producción no están integradas verticalmente y, por el contrario, requieren de la actividad de muchas empresas (incluso de muchos países) que intervienen en distintas fases, desde los suministros de materias primas hasta los consumidores finales. Esta producción en cascada facilita que en cada fase los agentes económicos, sean trabajadores o empresas, traten de mantener su poder adquisitivo y trasladarlo, en función de su poder de mercado, a los productores o consumidores en la siguiente fase. En estas circunstancias, lo mejor es favorecer soluciones coordinadas y acuerdos (pactos) de rentas que limiten el crecimiento de los salarios y de los precios, en aquellos casos en los que esto sea posible, y den prioridad al mantenimiento del empleo.

En los países con una larga tradición de este tipo de acuerdos nacionales (por ejemplo, los nórdicos y algunos del centro de Europa) o, en el otro extremo, con mercados más competitivos, el riesgo de que las elevadas tasas de inflación se terminen enquistando es más reducido.

En otros, como es el caso de España, veremos si este riesgo se materializa después de más de una década con bajas tasas de inflación. Por lo pronto, la reciente ley de revalorización de pensiones protege las rentas de casi una cuarta parte de la población frente al aumento de la inflación, al menos a corto plazo. Por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo que se evita a los pensionistas deberá ser absorbida por el resto de la población. Pero los sindicatos ya han afirmado que tienen como objetivo trasladar el mecanismo de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a los salarios públicos y privados. Su finalidad es mantener el nivel relativo de los salarios respecto al resto de bienes de consumo, incluidos aquellos más afectados por el aumento de las materias primas. Si alcanzan este objetivo, toda la pérdida de poder adquisitivo debería ser soportada por los beneficios de las empresas, y las rentas de propiedad y de autónomos. Algunas empresas y autónomos decidirían reducir su actividad, y otras aumentar sus precios o hacer las dos cosas al mismo tiempo. En términos dinámicos, esto se traduce en un menor crecimiento del PIB (particularmente de la inversión) y del empleo, y en un nuevo aumento de los precios, esta vez causado por los efectos de segunda ronda.

Rafael Doménech es responsable de Análisis Económico de BBVA Research y Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

Lea el artículo completo en Vozpópuli, 15-03-2022

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